El pleno del Congreso aprueba el dictamen de proyecto Ley del Libro con una amplia mayoría

La Ministra de Cultura, Carmen Calvo, señaló la importancia de esta ley porque regula el régimen del libro 'en su doble dimensión de bien cultural y económico' y ha conseguido un importante 'grado de apoyo' gracias al trabajo de todos los grupos durante su paso por el Congreso.

La ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas vuelve a su nombre original con el apoyo del PP -después de que el dictamen de la Comisión sustituyera 'bibliotecas' por 'cooperación y coordinación bibliotecaria'-, y mantiene el régimen de precio fijo para todos los libros a excepción de los de texto, cuyo precio se liberaliza, y una memoria económica de 431 millones de euros.

Esta era 'una cuestión vertebral para el apoyo al libro y al consumidor' por la que el grupo socialista ha descartado en su trámite en el Congreso cualquier modificación a este respecto, según explicó Antón Louro, portavoz de este grupo en la Comisión de Cultura.

Según Carmen Calvo, este régimen permitirá 'mantener una oferta plural de un sector que tiene más de 70.000 títulos publicados y que no verían la luz si se rigieran por la leyes de oferta y demanda', explicó Calvo, que a su vez calificó la lectura como 'paradigma de la sociedad del conocimiento'.

La única excepción a este régimen -la liberalización de los precios de libros de texto que sustituyen a los descuentos que se aplicaban desde el 2000-, ha suscitado las críticas de BNG, IU y PNV, que consideran más adecuado que estos libros también asuman el régimen general de precio fijo.

Por otro lado, el canon bibliotecario -que cuenta con la oposición de ERC y BNG-, se mantiene en 0,20 euros por libro y afectará a todas las bibliotecas que presten servicio en municipios de más de cinco mil habitantes, en cumplimiento con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La recaudación total de este importe, que se desarrollarán mediante real decreto, se repartirá entre autores (70%) y editores (30%), y su pago correrá a cargo del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas -en un porcentaje a convenir-.

Calvo también repasó otros puntos clave del proyecto de ley, entre los que destacan el establecimiento de planes de fomento de lectura, el aumento de dotaciones bibliotecarias, la creación de un observatorio de la lectura y el libro -que dependerá del ministerio-, el establecimiento de programas de apoyo a la industria del libro, la creación de campañas de promoción de autores españoles, entre otras.

Otra de las cuestiones más debatidas ha sido la invasión de competencias autonómicas por parte del proyecto de ley, una cuestión que ha supuesto el mayor grueso de enmiendas incorporadas.

En este sentido, Joan Tardá, portavoz de ERC, aseguró que las modificaciones añadidas al texto durante su paso por el Congreso 'se han salvaguardado las competencias autonómicas', aunque señaló que el texto original pone de manifiesto que el Gobierno ignora el 'nuevo marco competencial autonómico'.

Otros grupos nacionalistas como IU-ICV y CIU, que junto a ERC y BNG, presentaron sendas enmiendas a la totalidad de la ley por invasión de competencias autonómicas, también consideraron que el texto del proyecto ha mejorado estas cuestiones.

Por su parte Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz del grupo popular, valoró el texto legislativo en su conjunto pero lo calificó de 'oportunidad perdida', ya que, desde su punto de vista, debería tener 'mas contenido', declaró.

Los puntos más preocupantes para los populares son que el proyecto de ley 'está hecha al margen de la escuela', otorga 'poco tratamiento de las bibliotecas', y es necesaria la redacción de un 'libro blanco de las librerías', indicó Rodríguez-Salmones.

Aunque Carmen García, portavoz del grupo ICV-IU, aplaudió la incorporación de las enmiendas referidas a 'la pluralidad lingüística o la introducción del principio de diversidad', se mostró disconforme con la omisión de las bibliotecas escolares.

'Unos ciudadanos más lectores son más libres', aseveró la ministra, quien también calificó este proyecto de ley como 'oportuno, negociado y necesario por el auge de las nuevas tecnologías de la información', a la vez que 'preciso, riguroso y actual', por su respeto a las comunidades autónomas.