Los libreros reiteran en el Congreso la necesidad del precio fijo de los libros para evitar 'incertidumbre' en el sector
Si bien consideró "negativa" la exclusión de ese precio fijo de los libros de texto ya que en su opinión "crea incertidumbre entre los libreros". Valverde pidió la interactuación entre editores, libreros y distribuidores.Entre las cuestiones que el sector que representa echa de menos en este proyecto resaltó "una defensa política del precio fijo". Y explicó: "Aparece más como una concesión al sector para su supervivencia y aunque esto es legítimo creemos que el precio fijo tiene sentido porque defiende a los lectores y a los consumidores". Valverde dijo también que el sector echa en falta "una mayor apoyo al comercio del libro y a la red librera" y pidió que la Ley exponga con claridad "una vinculación más explicita…
Si bien consideró "negativa" la exclusión de ese precio fijo de los libros de texto ya que en su opinión "crea incertidumbre entre los libreros". Valverde pidió la interactuación entre editores, libreros y distribuidores.
Entre las cuestiones que el sector que representa echa de menos en este proyecto resaltó "una defensa política del precio fijo". Y explicó: "Aparece más como una concesión al sector para su supervivencia y aunque esto es legítimo creemos que el precio fijo tiene sentido porque defiende a los lectores y a los consumidores".
Valverde dijo también que el sector echa en falta "una mayor apoyo al comercio del libro y a la red librera" y pidió que la Ley exponga con claridad "una vinculación más explicita a que las compras públicas de las bibliotecas del Estado se realicen cada vez más a través de las librerías".
PREOCUPACIÓN GRANDE
El presidente de CEGAL se refirió también a la "preocupación grande" por la "adopción de modelos que rompen el circuito del libro y provocan el cierre de librerías"."En comunidades autónomas donde menos libros de texto se usan por alumno (Andalucía y Galicia) se aplican modelos que suponen un daño y un empobrecimiento cultural". En este sentido pidió una "ley básica de ámbito estatal con competencias en todo el Estado" y que ninguna otra ley autonómica "pueda atentar" contra el precio fijo.
Valverde dijo echar de menos en este proyecto de ley una definición clara de quien es la autoridad sancionadora para quien haga mal uso de la ley y reclamó una "mayor persecución" cuando existan comportamientos ilícitos.
Asimismo, recordó que el colectivo librero está a favor de la gratuidad y elogió la actuación en esta materia de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Principado de Asturias "que han puesto en marcha sistemas que tienen en cuenta a las familias pero sin fracturar el tejido librero y tampoco la producción editorial ni la distribución", dijo.
NUEVA DEFINICIÓN DE LIBRO
Por su parte, en el segundo día de comparecencias de los sectores implicados en esta nueva ley, la directora técnica de la Biblioteca Nacional (BN), Teresa Malo de Molina, la calificó de "necesaria e importante" y resaltó la nueva definición que se hace del libro lo que "amplía las fronteras naturales y permite desarrollo de nuevos soportes y contenidos".
Asimismo, mencionó el hecho de que se considere la lectura "como herramienta básica en el marco de la sociedad de la información" y valoró que el proyecto de ley hable de que las bibliotecas "no sólo están para conservar el patrimonio sino como instituciones dinámicas y comprometidas".
Además aludió a la especial mención a los sistemas bibliotecarios autonómicos, que canalizarán la cooperación bibliotecaria entre las Administraciones públicas y al mantenimiento del precio fijo de los libros (recordó que todos los años hay más de 70.000 nuevos títulos en España) lo que permite, dijo, un reconocimiento de la diversidad cultural.
La directora técnica del la BN se refirió al interés de la BN en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria que hará posible constituir un verdadero sistema de bibliotecario español (en España hay más de 6.500 bibliotecas) en el que la BN debe ser un "referente e interlocutor esencial". También avaló que la Ley recoja la importancia del depósito legal "como instrumento para garantizar el control y el acceso al patrimonio cultural del país".
Igualmente pidió un "esfuerzo" para que el pago del canon por préstamo, "poco popular entre los bibliotecarios", se haga de "manera solidaria" y recordó la complejidad del tema relacionado con la propiedad intelectual, que debe garantizarse pero buscando el equilibrio entre los derechos de unas partes y otras.
PRESERVAR CONTENIDOS ELECTRÓNICOS
Teresa Malo de Molina también se mostró a favor de que la BN conserve los contenidos electrónicos "o llegará un momento en que desaparecerán". Por eso vio la necesidad de que la ley contemple la autorización a la BN como entidad capaz de barrer los espacios web de los dominios nacionales y conservar esos contenidos para futura consulta.
Finalmente en cuanto al depósito legal, recordó que España es uno de los países con un índice de cumplimiento más alto y que la BN recibe más del 95 por ciento de la producción nacional, lo que indica que hay "impresores muy disciplinados y una organización que funciona bien". En este sentido aludió a la necesidad de una reglamentación específica.
LA FIGURA DEL "PRODUCTOR DE LIBROS"
El presidente de la Federación empresarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF), Millán García, reclamó en la Comisión la presencia en esta nueva Ley de lo que definió como "productor del libro", asegurando que el sector que representa está "asombrado" de que no figure puesto que "no es lógico que no esté presente un colectivo que hace físico este producto".
García aludió además a la necesidad de "una regulación" del depósito legal y a una potenciación de la actuación del sector en el ámbito iberoamericano. También se mostró a favor del precio fijo pero no del libro de texto gratuito ya que en su opinión, esto hará que "no se revisen los contenidos de esos títulos". Alertó también del riesgo para los editores de imprimir fuera puesto que "de extranjis se imprimirán más ejemplares que saldrán a la venta en el todo a 100".
LAGUNAS LEGALES
El presidente de FANDE, Francisco Martínez Serrano, destacó que la Ley es "absolutamente necesaria, imprescindible y urgente" y agradeció que el precio fijo quede establecido como rango de Ley y que haya un régimen sancionador para que no se incumpla.
Criticó que la situación del precio fijo, "siempre en precario, con lagunas legales", haya provocado el cierre "constante" de librerías pequeñas y consideró "negativo" que los libros de texto queden fuera del precio fijo al tiempo que mostró su preocupación por que la Ley no salga adelante.
La directora general de AGRAEL, Carmen Magallón Dueñas, en representación de los impresores gráficos productores y exportadores criticó la "omisión clamorosa" de la definición de impresor como agente del libro y la "mínima referencia" al depósito legal.
Por último, Fernando Olascoaga, secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) ofreció la colaboración de este colectivo para que la nueva Ley salga adelante.